TENENCIA DE DROGA PARA CONSUMO PERSONAL

ALGUNAS CLARIFICACIONES

Por Eduardo José Cárdenas

Se vuelve a hablar de legalizar la tenencia de droga para uso personal. Es bueno recordar sobre este tema algunos antecedentes, y comentarlos.

El último fallo dictado por nuestro más alto tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, data del 25 de agosto de 2009 y fue dictado en el caso Arriola. Él declaró inconstitucional el artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737. Despenalizó la tenencia de droga para uso personal y retornó así a la doctrina del caso Bazterrica, según la cual la incriminación violaría la esfera de privacidad resguardada por el artículo 19 de nuestra Carta Magna.

A 18 años del fallo condenatorio dictado en el caso Montalvo, la Corte consideró que el aumento del consumo y comercialización de droga en nuestro país había dado por tierra con la teoría de que la penalización de la tenencia para uso personal disminuiría aquellas conductas, razón pragmática que en dicho antecedente se esgrimió para limitar el volumen de la intimidad del ciudadano.

A ello agregó la Corte que la reforma de 1994 (posterior a Bazterrica y Montalvo), al incorporar los tratados internacionales sobre derechos humanos al orden constitucional, fortificó los límites de la política criminal del Estado.

El Alto Tribunal consideró, además, concordando con jurisprudencia internacional, que la penalización de la tenencia puede revictimizar a las víctimas de adicción en lugar de ayudarlas a recuperarse y que la condena por supuesta peligrosidad es un retorno al pasado, inaceptable desde la óptica de los derechos humanos. Por último, señaló que las convenciones internacionales que combaten el tráfico de estupefacientes no comprometen a nuestro país a criminalizar su tenencia para uso personal.

Pero hubo algo más, y sobre esto quiero detenerme. En esa oportunidad, la Corte aclaró que su decisión en modo alguno implicaba legalizar la droga y subrayó el compromiso de las instituciones del Estado en “combatir el narcotráfico y promover la salud preventivamente, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores de edad”. El subrayado es mío.

Es que la idea subyacente al fallo fue la misma del caso Montalvo: había que “evitar toda posibilidad de existencia” de la droga, ya que “las drogas ilícitas siguen planteando un peligro para la salud de la humanidad”.[1] Se opuso “salud” a “consumo”, sin análisis previo. Siguiendo esta dialéctica, se despenalizó el uso personal pero se alentó el combate al narcotráfico y las medidas preventivas señaladas.

Sin embargo, hay muchos pensadores prudentes que formulan otro par de opuestos: en sus ideas, la “salud” se opone a la “adicción” y no al consumo simple o social, cuando éste no obedece a pulsiones incontroladas. El futuro previsible y deseable no sería, en su pensar, una sociedad sin drogas sino una sociedad sin adictos. Y se sabe que el porcentaje de los consumidores que se convierten en adictos es mínimo hoy, y que irá disminuyendo gracias al natural progreso educativo y cultural.

Tampoco analizó con detención la Corte los dos tipos de consumo que nuestra sociedad alberga, claramente diferentes: el del consumidor propietario y el del consumidor económicamente marginal: entre los grupos “vulnerables”, con respecto a los cuales se exhortó a los poderes públicos sean objeto especial de “información y educación disuasiva del consumo”, el Tribunal enumera sólo a “los menores”… (calló – o habló callando - sobre lo que verdaderamente interesa a la sociedad de los propietarios: el delito y su vínculo con la droga que al decir de los medios pasa por los “menores”, pero drogados. Y nada dijo tampoco sobre que los económicamente marginales deberían ser sacados de esa situación por el Estado, sólo se refirió a la obligación de éste de sacarlos de la droga).

Si se hubiera detenido a estudiar estas variables, la conclusión de la Corte hubiese sido la misma, pero las palabras de los fundamentos y las exhortaciones finales hubieran sido, quizás, diferentes. Desdibujadas, en cambio, estas diferencias bajo el manto liberal del “ciudadano”, la sentencia puede ser interpretada como una defensa de la privacidad del consumidor propietario y, a la vez, una avanzada en una agresiva política “preventiva”, “educativa” y “disuasiva” del consumidor económicamente marginal (sin denunciar la situación de marginalidad sino la de consumidor. O sea, en definitiva, otra defensa del que tiene algo que perder). Y como saben los especialistas en violencia (y Michel Foucault) es más eficaz el disciplinamiento mental que la sanción física.

Valgan estas reflexiones para el presente: si de “sectores vulnerables” se trata, y en ellos, bajo ese eufemismo, se comprende a los menores y adultos pertenecientes a familias económicamente marginales, lo que corresponde es instrumentar políticas públicas que los saquen de la marginalidad, y no hacerlos objeto de programas disuasivos, educativos y preventivos que no se sabe dónde terminan.

Notas

[←1]

Informe Mundial sobre Drogas, Resumen Ejecutivo, UNODC, año 2009. Son citas del fallo del Dr. Fayt.

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